AcuerdoIntercultural - El Eco del Cierre de los CASI
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El Eco del Cierre de los CASI PDF Imprimir E-Mail

Por, Equipo de la Asociación

 

Desde finales del año 2006, durante todo el 2007, y en lo que va del año 2008, se han venido cerrando, uno por uno, los dispositivos de segundo nivel de atención básica de los servicios sociales generales, denominados: Centro de Atención Social a Inmigrantes (CASI) de la Comunidad de Madrid, que fueron crearon desde unos años atrás (2002) para atender, desde diferentes distritos, a los inmigrantes recién llegados, o a quienes se encuentren en estos colectivos en situaciones de emergencia social.

 

La labor de éstos centros viene siendo hasta la fecha, apoyar a los servicios sociales del Ayuntamiento, facilitando la integración de las personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, y que por tanto precisan de una intervención social individual de mayor intensidad. Es decir que no todos los inmigrantes han requerido (ni requieren) de la atención de un CASI, pero si aquellas personas que están o han estado en algún momento en peores situaciones (sin redes familiares, sociales, mujeres solas con cargas familiares, personas enfermas o discapacitadas que nos las cubre aún un régimen de seguridad social, personas recién llegadas, sin autorización de residencia y trabajo, víctimas de violencia intrafamiliar, etc.).

Sin duda han sido muchas las personas y las unidades familiares atendidas en los CASI por los equipos interdisciplinarios y especializados en inmigración, conformados por trabajadores/as sociales, abogados/as, educadores/as sociales, psicólogos/as, orientadores/as laborales y mediadores/as sociales interculturales, desde las diferentes áreas: jurídica, social, psicosocial, laboral e intercultural, pero siempre mediante una acción integral e individualizada.

Por ello llama tanto la atención la decisión del cierre de los mismos, ya que no se conoce, ni se ha hecho pública una evaluación técnica que explique el por qué de dicha medida. Es más, está en el ambiente la duda si dicha disposición responde o no a una decisión arbitraria, caprichosa e injusta por parte de la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid.

Además, en los cierres de dichos dispositivos, no se ha hecho presente ninguno de los responsables de dicha determinación. Para algunos, incluso se “entendería” mejor los cierres, si respondieran a una decisión política basada en la constatación que ya no existe o ya está cubierta en los beneficiarios la necesidad que en su momento se halló para abrirlos, pero no existe este informe oficial al respecto.

Para muchos queda la esperanza que en su reemplazo se estén abriendo Centros de Integración y de Participación para los Inmigrantes (CEPI) en algunos distritos. Éstos centros son una especie de casas regionales (por nacionalidad), de las cuales aún está por probarse que ayuden verdaderamente al objetivo de integración y de congregación de los diferentes colectivos y de los nacionales, y que no se estén convirtiendo en dispositivos separadores y divisores.

Habrá que esperar los resultados de los mismos. Lo cierto es que no se hace en ellos intervención social individual (como en los CASI), sino acciones grupales y comunitarias, tales como talleres de formación, grupos de visita a la ciudad, talleres de empleo, exposición de artistas y presentaciones culturales de los diferentes países, etc.

Mientras estén los CEPI abiertos se puede pensar que existe voluntad de la administración por mantener espacios para la integración y la participación de los nuevos vecinos, pero es imposible ser tan optimista en esta materia, en cuanto que los cierres en cadena de los CASI vienen desconociendo sistemáticamente -en las personas inmigrantes- derechos ciudadanos tan importantes, como: “estar informados de las decisiones administrativas que los afecte directamente, “de las razones objetivas (no subjetivas) de las mismas, sobre todo si éstas se refieren al cierre de servicios públicos que los cobija”, etc,... Pero de estas cesaciones, sólo puede interpretarse, que no existe por parte de la administración, ni mirada, ni trato, a los nuevos vecinos como sujetos de derechos, titulares de derechos y ciudadanos.

Por el modo y con el talante que se han dado los cierres (“de manera sigilosa, sin una explicación pública, contundente y precisa”), afectando tanto a usuarios, como a trabajadores, se creó una plataforma, denominada: PORSICIERRAN, que de manera minuciosa y constante viene tomando nota de todas éstas suspensiones de servicios, con el ánimo de informar de las mismas a más personas, y conseguir, aclaración de los responsables sobre sus actuaciones, pero sobre todo, que se atienda en óptimas condiciones a las personas que lo necesitan, ya que tienen claro que son muchas las personas que lo necesitan. Para ampliar la información que ofrece la plataforma, ver en: http://porsicierran.blogspot.com/

 Por nuestra parte, como Asociación de derechos humanos, expresamos nuestra preocupación por la situación de las personas que están desatendidas, ya no porque desconfiemos que están siendo recibidas -como siempre- en primera atención en los centros de servicios sociales del distrito, sino porque sabemos que aún no se está haciendo el mayor esfuerzo por sensibilizar y formar a todos/as los/as profesionales de los mismos, en cuanto a conocimientos, actitudes y habilidades para la atención de personas de diversas culturas y procedencias.

Tenemos, sin duda, una labor importante que adelantar en nuestra Asociación, consultar que pasó con las ideas, iniciativas o herramientas con las que los usuarios de los CASI expresaron sus sentires y percepciones respecto al cierre. E incluso, que pasó con los reclamos, quejas o denuncias que algunos de ellos/as elevaron por su cierre, haciendo uso de su derecho ciudadano a manifestar su inconformidad a través de las hojas de reclamación. Por último, queremos decir que aunque entendemos (no compartimos) la actitud de algunas de las asociaciones que llevaban la gestión de los CASI cesados, de no pedir mayores explicaciones por sus cierres, para no perder la posibilidad de tener en el futuro la responsabilidad del desarrollo de las actividades de otros dispositivos similares o nuevos; nos quedaba la esperanza que con el tiempo alguna iba a recular y hacer seguimiento de las acciones,  omisiones y/o consecuencias de éstas decisiones no consensuadas. Pero al parecer hasta la fecha no ha sido así. Esperamos estar equivocándonos con esta afirmación.

Ojalá que esta situación nos sirva para crear a partir de ahora en Madrid “Veedurías Ciudadanas” como las que existen en muchos países, por ejemplo,  Colombia, que sirven para ejercer “vigilancia de los programas, proyectos y en general, de la gestión pública; promoviendo que se cumplan con este control los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. También que se consiga el propósito de cumplimiento de la correcta inversión de los recursos públicos, y se alcance, de la mejor manera posible, todos los objetivos propuestos”.

Las veedurías ciudadanas como mecanismo democrático de representación, que permite que las personas u organizaciones comunitarias realicen la vigilancia sobre la gestión pública que llevan a cabo diferentes actores públicos o privados, nacionales o internacionales que trabajan en un país y que de forma parcial o total utilizan recursos públicos, serían ideales para éstos casos. Por ahora, podríamos empezar por presionar a la administración para implante en todos los servicios un sistema de evaluación que impida acabar o seguir con servicios que nos estén plenamente respaldados por las propias valoraciones positivas de sus beneficiarios. 

 
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